Refuerzan medidas sanitarias ante variante ómicron, a fin de mitigar los riesgos sanitarios derivados de la pandemia de covid-19 por el virus SARS-CoV-2 y su variante ómicron, en el Congreso del Estado de México.

Habrá un filtro sanitario a la entrada de los inmuebles del Poder Legislativo a fin de reducir el aforo, además de que privilegiará el uso de tecnologías de la información y comunicación para el cumplimiento de sus labores.

A través de una circular firmada por el secretario de Administración y Finanzas, Luis David Miranda Gómez, por instrucciones del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, se explica que el filtro busca garantizar que las personas que ingresen a las instalaciones no representen un riesgo potencial de contagio.

Para esto, se continuará con las tomas de temperatura, aplicación de gel antibacterial y solución sanitizante y la supervisión en el uso obligatorio y correcto de cubrebocas que abarque boca, nariz y barbilla.

Señala además que las personas servidoras públicas en todo momento deberán cumplir con los protocolos de higiene y cuidados de la salud que han venido practicando durante la pandemia.

Además, indica que quien presente síntomas compatibles con covid-19, o haya tenido contacto con personas contagiadas, deberán informarlo a su superior jerárquico de manera inmediata.

               Entre otras acciones se definirán las funciones que requieran atención presencial de las personas servidoras públicas, además de instruir lo conducente para el desarrollo y entrega de trabajo a distancia.

Las personas titulares de las secretarías de los ayuntamientos, tesorerías, direcciones de Obras Públicas, unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), de los Órganos Internos de Control (OIC) y de los Organismos Públicos Descentralizados municipales o sus equivalentes, fueron convocados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que tramiten su Firma Electrónica, herramienta indispensable para el cumplimiento de sus obligaciones ante esta institución.

Para atender este trámite, el OSFEM calendarizó por regiones su asistencia a partir del próximo martes 18 de enero y hasta el 21 del mismo mes; el procedimiento es personal y será en las instalaciones de la Biblioteca del Poder Legislativo en Toluca, capital del estado.

A través del Acuerdo 02/2022, publicado este viernes en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el Órgano Fiscalizador aclara que, a fin de dar cumplimiento a la entrega de información correcta, completa y automatizada de las obligaciones periódicas de las entidades fiscalizables, en lo subsecuente “es indispensable que la persona servidora pública responsable de ella cuente con la firma electrónica correspondiente”.

Además, expone que ésta permitirá la identificación del firmante, solo está vinculada al mismo y los datos que refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación y produce los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa.

El calendario emitido por el OSFEM indica que el 18 de enero deberán acudir las servidoras y los servidores públicos referidos de 32 municipios del Valle de Toluca Sur y Centro, así como del Sur de la entidad, en las horas que les fueron asignadas.

El miércoles 19 de enero se hará el mismo procedimiento con las personas servidoras públicas de otros 31 municipios de las regiones del Valle de Toluca Centro y Oriente; el jueves 20 está programado otro grupo de 31 demarcaciones del Valle de México y Norte.

Para el último día calendarizado –viernes 21 de enero-, personal del OSFEM atenderá a 31 municipios de las zonas Norte, Noreste y Valle de Toluca Centro. Este procedimiento ya lo había llevado a cabo el OSFEM con los presidentes municipales y síndicos el pasado mes de diciembre de 2021.

La dirección de la Biblioteca del Poder Legislativo “Dr. José María Luis Mora” es Pedro Ascencio número 13, delegación Centro Histórico, Colonia Centro, CP 50000, en Toluca, Estado de México.

Para conocer la documentación que deben presentar, así como el día y los horarios que les correspondan, revisar el siguiente enlace:https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/enero/ene141/ene141a.pdf

Un total de 13 alcaldes y alcaldesas, así como titulares de seis sindicaturas de las nuevas administraciones municipales incumplieron con el enrolamiento que llevó a cabo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para habilitar su Firma Electrónica, cuyo sustento se encuentra en las Leyes de Fiscalización Superior y la de Gobierno Digital mexiquenses, así como el Reglamento Interior del propio Órgano.

Esta es la primera vez que el OSFEM acredita la Firma Electrónica entre autoridades municipales y hace valer su competencia de requerir a las entidades fiscalizables la información necesaria para realizar las funciones de revisión y fiscalización superior del ejercicio de los recursos públicos que constitucionalmente tiene encomendada.

De 250 alcaldes y alcaldesas, síndicas y síndicos que debían presentarse en las oficinas del Órgano Fiscalizador en Toluca el pasado 21 de diciembre del año pasado, y que fueron notificados en días previos mediante oficios firmados por la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, 231 atendieron el requerimiento, lo que indica que hay autoridades renuentes a la rendición de cuentas y transparencia de la información mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Entre los que dejaron pendiente este proceso se encuentran alcaldes y alcaldesas de Acambay, Maribel Alcántara González Martínez;  Acolman, Rigoberto Cortez Melgoza; Atizapán de Zaragoza, Pedro David Rodríguez Villegas; Chiautla, Maricela Melo Rojas; Chicoloapan, Nancy Jazmín Gómez Vargas; Ixtapan del Oro, Benigno Arroyo Bautista; Morelos, Miriam Nancy García Antonio; Rayón, Erick Vladimir Cedillo Hinojosa; San Felipe del Progreso, Javier Jerónimo Apolonio; Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante; Tlalmanalco, Luis Enrique Sánchez Reyes y Valle de Chalco Solidaridad, Armando García Méndez.

En igual situación están las y los titulares de las sindicaturas de Acambay, Germán Ruiz Ruiz; Ixtapan del Oro, Antonia Flores López; Ocuilan, Lorena Díaz Villana; Tlalnepantla, Ivette Yadira Campos Padilla; Valle de Bravo, Pastor Nava Montoro; y Zumpango, Argelia Isabel Fidencio Pérez.

En el caso de Ocuilan, y derivado de la detención del alcalde electo el pasado 14 de diciembre, el OSFEM citará al suplente.

La Firma Electrónica contribuirá a una mayor eficacia, congruencia y transparencia en la información presentada por las entidades fiscalizables municipales.

Entre sus ventajas destaca que la entrega de información de sus obligaciones periódicas sea vía digital; es decir, desde sus áreas de trabajo, con lo que se elimina la presentación física y personal en las oficinas del OSFEM a través de la Oficialía de Partes.

Cabe destacar que entre las primeras obligaciones de las nuevas administraciones municipales están la entrega del Presupuesto y el Plan de Desarrollo Municipal que contenga los programas de Agenda Digital.

El grupo parlamentario de Morena, a través de la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández, propuso crear en el Congreso local la Comisión de Combate a la Corrupción para que realmente se investigue, y en su caso, se sancione a personas servidoras públicas que participen o hayan participado en asuntos como los casos emblemáticos de corrupción en paraísos fiscales y redes de corrupción.

A pesar de la existencia del Sistema Anticorrupción de la entidad no se cuenta con información sobre sanciones o consignaciones por este tipo de delitos y se carece de alguna recomendación sobre casos emblemáticos.

 Entre estos, la legisladora reseñó el Panama Papers, el caso Odebrecht, Braskem y Pemex, que involucran delitos electorales, conflicto de intereses y sobornos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hospitales inconclusos durante el sexenio del exgobernador Eruviel Ávila, la estafa maestra, OHL, la construcción y peaje del Viaducto Bicentenario y la concesión de más de 200 kilómetros de carretera en la entidad hasta por 30 años que dañan el bolsillo de los mexiquenses.

Por ello, dijo que desde el Congreso exigirán que se esclarezcan, se investigue, juzgue y sancione cada acto de corrupción en la que participe, o hayan participado personas servidoras públicas del Estado de México, y en caso de ser aprobada, esta nueva comisión dará seguimiento al Sistema Anticorrupción que en 2021 recibió más de 450 millones de pesos y presenta una solicitud mayor en el Presupuesto de 2022.

En este punto, la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez dijo que a cuatro años de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción no existen resoluciones ejemplares que sancionen administrativamente y penalmente a quienes realizan actos de corrupción, lo cual, dijo, es insolente cuando los escándalos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos y exgobernadores han sido primera plana en diarios nacionales, lo cual hace evidente que no se investiga la evolución patrimonial de los amigos y de altos mandos.

Atribuyó también a la corrupción el endeudamiento que año con año adquieren los gobiernos estatales y municipales, así como a la casi inexistente cultura de la transparencia y la rendición de cuentas pues la corrupción ha permeado en todos los niveles de gobierno y en el sector privado.

La legisladora Yanet Rojas y la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez coincidieron en que desterrar esta conducta puede tomar años, pero refrendaron el compromiso del grupo parlamentario de Morena con la lucha anticorrupción emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

            La propuesta de reforma a la Ley Orgánica y al Reglamento del Poder Legislativo, que también propone modificar las atribuciones con las que cuenta en esta materia la actual Comisión Legislativa de Transparencia, será analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La diputada Mirian Escalona Piña, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción del Congreso local, afirmó que las personas servidoras públicas están obligadas a generar una nueva agenda en materia de combate a la corrupción y a establecer redes de colaboración con la sociedad civil organizada, pues naturalizar la corrupción implicaría enfrentar un futuro devastador desde el punto de vista social, económico y cultural.

Al encabezar el foro ´´Retos y avances del sistema Estatal Anticorrupción´´, la legisladora aludió a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el Inegi, la cual arrojó que 83.7% de las y los mexiquenses percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes en los gobiernos estatales y 80.4% dijo que en los municipales, por lo que los consideró instituciones que inspiran poca confianza. Además, la tasa de personas que tuvieron contacto con algún servidor o servidora púbica y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 20 mil 683 personas por cada 100 mil habitantes.

La legisladora panista propuso tres estrategias que permitirán avances concretos: dar seguimiento a la labor preventiva de los órganos fiscalizadores; duplicar el esfuerzo para impulsar criterios de profesionalización e implantación del servicio profesional de carrera, y promover la participación ciudadana mediante mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.

En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, la diputada dijo que para seguir reforzando esta lucha se requieren medidas simbólicas y acciones contundentes que tiendan a recuperar la credibilidad de las y los ciudadanos en las instituciones públicas, estableciendo metas y objetivos claros.

En su turno, José Guadalupe Luna Hernández, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, destacó el reto de ganar calidad moral e incrementar su credibilidad ante la ciudadanía. Además, llamó al Poder Legislativo a dar seguimiento a la instalación y funcionamiento de los sistemas Municipales Anticorrupción; de los que se han instalado 103.

En presencia de José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Infoem, agregó que el sistema debe demostrar eficiencia y eficacia en el desempeño de sus órganos y enfocar su trabajo, fundamentalmente, al trato de las personas con la policía y los agentes de tránsito, la atención de los Ministerios Públicos, la actuación de los jueces y la realización de trámites en línea.

También participante en el foro, Victorino Barrios Dávalos, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, expuso que todo servidor público debe acostumbrarse a rendir cuentas y que es preciso explorarse nuevas formas para nombrar a los contralores municipales, que actualmente son propuestos por las y los alcaldes, por lo que es necesario que sean designados o avalados por la Legislatura, para que no se vean obligados a informar a quien les paga.

Propuso también que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México se transforme en un tribunal que rinda cuentas o por lo menos ser un órgano autónomo con recursos propios, además de que se reformen ciertos aspectos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para que no prescriban ni caduquen las faltas que implican un daño económico e incluir la certificación de autoridades y la clarificación de sus funciones.

Garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género se ha vuelto fundamental en un país donde son asesinadas alrededor de 10 a 11 mujeres cada día y la impunidad en torno a esta violencia alcanza niveles superiores al 98%, pues solo 1.5% de las denuncias llegan ante un juzgado, señaló la diputada Paola Jiménez Hernández (PRI), presidenta de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género.

Al encabezar la conferencia “Hacia la Justicia en México por el derecho a la Verdad”, con la participación de la diputada Juana Bonilla Jaime (MC) y el legislador Gerardo Ulloa Pérez (morena), Paola Jiménez expuso que el derecho a la verdad en estos casos es la respuesta ante la falta de su esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción por parte de la autoridad.

Añadió que se debe asegurar que las instancias gubernamentales hagan su trabajo desde la sensibilización, profesionalización y compromiso, y que permita a las y los legisladores sentar las bases para asegurar que las niñas y mujeres, niños y hombres, se desarrollan en un entorno seguro y pacífico en el que se priorice la igualdad de género y la seguridad de las y los jóvenes.

En su oportunidad, la diputada Juana Bonilla, ante las panelistas Irinea Buendía y Norma Andrade, activistas contra la violencia de género y la impunidad, señaló que esta violencia es estructural y admitió la necesidad de crear una Ley de protección a menores que han perdido a sus madres por feminicidio así como de educar en civismo y perspectiva de género desde el nivel prescolar, mientras que el legislador Gerardo Ulloa pidió a la sociedad seguir exigiendo a la autoridad terminar con este flagelo, además de llamar a solidarizarse con los movimientos sociales que buscan justicia.

Por su parte, la señora Irinea Buendía expuso el caso de su hija Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 julio 2010 por su esposo, y aunque él dijo que ella se había quitado la vida, tras cinco años de lucha se consiguió que fuera apresado como su victimario.

Agregó que pudo llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en marzo de 2015 emitió sentencia en la que mandató a las autoridades investigar la muerte violenta con perspectiva de género para establecer que ocurrió por razones de género, y reparar el año causado por las instituciones.

Cuestionó a las y los legisladores que no se haga lo suficiente para detener esta violencia y reprochó que con la remodelación de la Plaza de los Mártires de Toluca se vayan a quitar los memoriales dedicados a las mujeres mexiquenses desaparecidas y asesinadas.

Participó también Norma Andrade, fundadora de la organización no gubernamental Nuestras hijas de regreso a casa, colectivo de madres de desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya hija Lilia Alejandra desapareció en 2001y fue hallada con visibles señales de violencia.

Pidió a las y los legisladores atender realmente los casos de menores víctimas de esta violencia desde la Comisión legislativa correspondiente, y que se legisle para educar en civismo y perspectiva de género desde el nivel prescolar.

Alejandra López Martínez, de la Red Nacional de Politólogas Feministas, planteó que el derecho a la verdad sirve para visibilizar a las mujeres reales que han sido asesinadas y tenían una historia, así como para eliminar mitos alrededor de esta violencia, como que han sido asesinadas por llevar vidas inapropiadas.

Al dar a conocer a diputadas y diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) el estatus del Programa Anual de Auditorías, la Auditora Superior, Miroslava Carillo Martínez, informó que se detectó que 29 institutos municipales de Cultura Física y Deporte no han entrado en operación, al igual que seis organismos de agua y un ente estatal.

En reunión presidida por la diputada Evelyn Osornio Jiménez (PRI), Miroslava Carrillo dijo que a pesar de que dichos institutos son creados por ley se ha detectado que no han entrado en operación debido al gasto burocrático que generarían para los ayuntamientos, como lo han señalado las y los presidentes municipales.

Detalló que los municipios que por ley deben contar con este instituto, pero no han iniciado funciones, son Almoloya de Juárez, Cuautitlán, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Joquicingo, Juchitepec, Malinalco, Morelos, Otzoloapan, Polotitlán, San Antonio la Isla, Santo Tomás, Soyaniquilpan, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Temoaya, Tequixquiac, Texcalyacac, Tlatlaya, Tonatico, Tultepec, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacualpan y Zumpahuacán

Explicó que también se detectó que no operan seis organismos municipales operadores de agua y en el ámbito estatal, el Instituto de Formación Continua, Profesionalización de Investigación del Magisterio del Estado de México creado en 2016.

En este sentido, y ante la propuesta de liquidar los organismos que no han iniciado funciones, la diputada Evelyn Osornio destacó la importancia de contar con este tipo de información pues se podría estar generando una afectación al erario público, por lo que pidió mantener la coordinación de cara a que el próximo 30 de enero se cumple el plazo para que el OSFEM presente el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2020 ante la Comisión de Vigilancia.

La legisladora Evelyn Osornio también dio a conocer que hasta el momento el OSFEM ha recibido solicitudes para realizar tres auditorías, una al ayuntamiento de Ocoyoacac, por obra pública de los ejercicios 2019 y 2020, por un presunto daño patrimonial, única que cumple con los requisitos; otra en el municipio de La Paz, también en materia de obra pública y otra en Jaltenco, porque el ayuntamiento no envía recursos al DIF municipal.

Durante la reunión, la auditora dio a conocer que el OSFEM cuenta con un universo de 548 entidades fiscalizables, 119 entidades estatales y 429 municipales, que cuenta con 700 servidores públicos adscritos al órgano superior, de los cuales 300 son auditores, además de que el programa anual consideró 94 auditorías, 47 del ámbito estatal y 47 del municipal.

La diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y de Igualdad de Género llamó a que, en el análisis de las iniciativas para crear las direcciones municipales dedicadas a la atención a la mujer, se privilegie la protección, prevención y atención de las violencias contras las mujeres.

Lo anterior después de que las Comisiones Unidas para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y la de Legislación y Administración Municipal acordaron por unanimidad solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) analizar de manera conjunta las cuatro iniciativas para la creación de las direcciones municipales de atención a las mujeres presentadas por las bancadas de Morena, PRI, PRD y PVEM.

La diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y de Igualdad de Género y autora de una de las iniciativas, señaló que por la relevancia del tema se deben dejar de lado colores partidistas, aspecto al que se sumaron expresamente la diputada Juana Bonilla Jaime (MC) y los legisladores Jaime Cervantes Sánchez y Mario Santana Carbajal, del PRI.

El acuerdo fue respaldado por las diputadas Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM), presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal; Paola Jiménez Hernández (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y autora de otra de las propuestas; y Viridiana Fuentes Cruz (PRD).

En este sentido, aun cuando fueron enviadas para su estudio a cinco comisiones diferentes, el acuerdo establece que solamente serán analizadas por las comisiones de Legislación y Administración Municipal, de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y de Igualdad de Género, aunque si la Jucopo lo considera pertinente se incluirá otra comisión para su opinión, por lo que el anuncio se comunicará al Pleno legislativo y se elaborará solo un dictamen.

Este día, la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático y la de Desarrollo Agropecuario y Forestal iniciaron el análisis de la iniciativa de reformas al Código para la Biodiversidad del Estado de México y de la Ley de Apicultura del Estado de México para proteger a las abejas y polinizadores mediante la prohibición de plaguicidas, presentada por la diputada Beatriz García Villegas (Morena), durante la cual se acordó convocar a especialistas en la materia para avanzar en la aprobación del dictamen.

Con el propósito de abrir más espacios para la comercialización de las artesanías de los pueblos originarios, la diputada Leticia Mejía García (PRI) participó en la inauguración de la Expo Feria Mazahua ‘Lana y estambrón” en el municipio de Ixtlahuaca, donde sostuvo que es una aliada permanente de las étnias mexiquenses y que continuará la gestión de cursos de capacitación, materias primas y espacios para la venta de sus productos.

En Concepción de los Baños, municipio de Ixtlahuaca, acompañada del delegado municipal, Héctor López Sánchez, y de Apolinar Faustino Mendoza, vocal mazahua ante la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cedipiem), la representante popular del XV distrito electoral local, reconoció el trabajo realizado por las 40 personas artesanas participantes y llamó a adquirir sus productos consistentes en guantes, gorros, bufandas, bolsas, mochilas, quesquemes y calentadores entre otros productos de lana y estambre.

En presencia de Diana Pérez Barragán, vocal ejecutiva del Cedipiem, y de Carolina Charbel Montesinos, directora general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías, la también presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso local reconoció al gobernador Alfredo del Mazo Maza por su impulso a la artesanía de los pueblos originarios del Estado de México a través de diversas instituciones, e hizo votos por seguir haciendo equipo con los pueblos originarios.

La expo-feria permanecerá en esta comunidad del 8 al 12 de diciembre.

El Congreso del Estado de México solicitó, por unanimidad, a Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad, y Mauricio Vázquez González, director general de la Junta de Caminos estatal, rehabilitar el puente 2 brazo derecho Río Churubusco, ubicado en la avenida Periférico Oriente, en dirección Texcoco, que afecta a miles de personas debido a los desperfectos sufridos por el sismo del 7 de septiembre de 2021, así como a concluir el proyecto de rehabilitación del paradero norte del Mexipuerto Cuatro Caminos-

En nombre del grupo parlamentario de Morena, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza dijo que, tras el sismo del septiembre pasado, la Junta de Caminos de la entidad y el gobierno de Nezahualcóyotl cerraron a la circulación para garantizar la seguridad de los usuarios ante el daño estructural, lo que le imposibilita prestar el servicio en el brazo derecho del Río Churubusco en dirección a la zona norte de Nezahualcóyotl y a Ecatepec.

Explicó que derivado de peritajes y revisiones, se determinó que la circulación corra en contraflujo, pasando el cruce con Bordo de Xochiaca hasta reincorporarse al puente 3, situación que afecta considerablemente el tránsito vehicular de cerca de 45 mil automotores diariamente y de miles de mexiquenses que utilizan diariamente dicha vía.

También de Morena, el diputado Isaac Martín Montoya Márquez expuso que ante la dimensión masiva de usuarios que transitan diariamente a lo largo de los paraderos, es evidente que la garantía de seguridad y movilidad digna en el Mexipuerto Cuatro Caminos debe convertirse en una prioridad para el gobierno estatal.

El legislador indicó que está pendiente de concluir la rehabilitación del paradero norte, que comunica a más de 600 mil personas, pese a que Grupo Carso, empresa encargada del proyecto, se había comprometido a retomar los trabajos a finales de 2019; además, lamentó que la violencia y la delincuencia prevalezcan en la zona ante la ausencia de condiciones de seguridad y de servicios públicos.

Detalló que de enero 2020 a la fecha en un radio de 600 metros en la zona referida se han registrado 112 robos a transeúntes, 58 robos a transporte público, 50 delitos contra la salud, 30 lesiones, 28 robos a vehículos, 22 robos a negocios, 11 robos a transportistas, cinco homicidios y una violación.

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado de México aprobó penas de cinco a 10 años de prisión y de 500 a dos mil días multa a quien o quienes inciten a un menor de edad a formar parte de una asociación delictuosa o pandilla, y en caso de que se cometan delitos graves, la pena se incrementará hasta en una tercera parte, esto es hasta 15 años de cárcel.

De acuerdo con la reforma al Código Penal del Estado de México impulsada por la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (Morena), se busca favorecer las disposiciones jurídicas que contribuyan a erradicar el uso y participación de menores en delitos de alto impacto, toda vez que, en la última década, se incrementado la inseguridad en la entidad, y sobresale el aprovechamiento de menores para delinquir.

Por ello, a quien incite a un menor a fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas sin un fin lícito, se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y de 300 a mil 500 días multa; además, a quien impulse a un menor a realizar a través de cualquier medio, sin fines de lucro, actos eróticos sexuales, exhibiciones corporales, lascivas o sexuales, públicas o privadas, se le castigará con prisión de cinco a 10 años y multas de mil a cuatro mil días multa.

Adicionalmente, a quienes empleen, incluso de manera gratuita, a personas menores de 18 años o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, en lugares o establecimientos donde preponderantemente se expenden bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas para su consumo inmediato, o en lugares que por su naturaleza sea nocivos para el libre desarrollo de su personalidad o para su salud, se le aplicará cárcel de dos a cuatro años y de mil a 5 mil días multa, así como el cierre definitivo del establecimiento.

El dictamen establece que que en la última década se ha incrementado el índice delictivo en la entidad y que, la seguridad es una deuda pendiente con la sociedad, que es víctima de las organizaciones criminales y de los delincuentes, que se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza.

En nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas propuso crear un Fondo Metropolitano, que cuente anualmente como mínimo con el 0.30% de la recaudación federal participable para destinarlo a infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, vialidad, servicios públicos, cultura, turismo, salud, vigilancia, recursos hidráulicos, protección civil, adquisición de pólizas y mecanismos de aseguramiento en caso de desastre natural o humano para vivienda, entre otros.

Con reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y la expedición de la Ley del Fondo Metropolitano, la legisladora propone que 35% de los recursos autorizados para el Fondo se destinen a las 20 zonas metropolitanas con mayor rezago, correspondientes a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona metropolitana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

            Dicho fondo, explicó la diputada, será un instrumento legal que establezca las bases de la coordinación entre la federación y las entidades federativas en donde se ubiquen las zonas metropolitanas y los mecanismos para la definición de recursos que se requieran para apoyarlas. También plantea crear un Consejo Rector de Zonas Metropolitanas que defina las políticas y acciones de aplicación del Fondo a partir de criterios técnicos y de especialización.

Explicó que para los programas y proyectos de infraestructura y equipamiento que se autoricen recursos se deberá considerar la densidad poblacional de cada una de las zonas metropolitanas; el nivel de ingresos, factores e indicadores de competitividad; y el manejo responsable de las finanzas públicas con un nivel bajo o de cero endeudamientos; además de que cada entidad federativa podrá solicitar como máximo hasta el equivalente a un 10% del monto de los recursos que se aportan al Fondo.

            La propuesta, que analizará la Comisión de Asuntos Metropolitanos, busca dar revés a la desaparición de 109 fideicomisos en 2020 que eliminó el Fondo, afectando acciones de obras y servicios de 74 zonas metropolitanas del país, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México.

La ética es el filtro que podría impedir el acceso a personas incapaces, ineptas, corruptas y demagogas que buscan ingresar al servicio público y, además, es un obstáculo para aquellos que ambicionan y anhelan el poder sin contar con un perfil idóneo, afirmó Óscar Diego Bautista, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y especialista en temas de Ética Pública.

Al ofrecer la conferencia “Integridad en los Servidores Públicos”, organizada por el Comité de Ética del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el también investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), destacó que la ética tiene que ver con personas comprometidas con el espíritu de servicio.

En el salón “Benito Juárez” de la Cámara de Diputados mexiquense, desatacó la relevancia de la ética en el servicio público por varias razones: porque el espíritu público está siendo sustituido por el espíritu privado o del capitalismo; porque se requieren individuos con perfiles idóneos para enfrentar los retos del país; porque hoy se cuenta con servidores públicos  con bajos niveles de escolaridad y formación profesional; porque se necesita de verdaderos servidores públicos que sirvan a la ciudadanía y porque hay mucha corrupción en los nuevos, “lo que genera que el país se esté desmoronando”.

Ejemplificó que, en el año 2000, de 2 mil 429 alcaldes en el país, 15% eran analfabetas y 60% apenas había concluido la primaria. Además, en los países subdesarrollados, persiste un esquema de botín en el que los cargos de dirección o relevancia son otorgados a amigos, compadres o familiares que no cuentan con estudios o perfiles idóneos.

Ante el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del OSFEM y Secretario del Comité de Ética, Jorge Bernáldez Aguilar, mencionó que la falta de ética en el servicio públicos va ligada a la corrupción, fenómeno presente en los sectores público, privado y social, así como en los tres poderes, en todos los niveles de gobierno y los sectores de la administración pública.

“Las prácticas corruptas se han vuelto comunes”, afirmó, y el camino para no entrar en esa dinámica es tomar conciencia y cumplir con un perfil básico para estar en el servicio público: capacidad para el cargo, lealtad a la Constitución —la política y la escrita—, y tener sentido de justicia.

Advirtió también que mientras en México no sean castigados los malos servidores públicos, seguirán riéndose de los códigos y eso permitirá mayor impunidad.

Señaló, no obstante, que los valores éticos que debe poseer un servidor público son adquiridos, y cuando se rescatan y fomentan “éstos construyen, reconstruyen, fortalecen, motivan, generan integridad y dignidad, lo que genera una conducta libre orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber.

“Por el contrario, cuando los valores se debilitan o ausentan, los antivalores y las prácticas corruptas aparecen de inmediato”, indicó.

Destacó que sólo la interiorización y la fortaleza de las convicciones éticas pueden cubrir el vacío que el contexto produce. “Un servidor con ética no roba, no miente, no estafa, no traiciona; al contrario, actúa con prudencia, cumple con sus deberes, ofrece resultados, trabaja por el bien común.

“El propósito de la Ética Pública es generar el Bien Interno o Espíritu de servicio en todo servidor público. Ningún político y funcionario debería ocupar un cargo si no cuenta con una formación en valores”, enfatizó.

Con el propósito de agilizar o fortalecer el aprendizaje de una lengua, el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) anunció la implementación, por primera vez, de cursos trimestrales en las modalidades presencial, online y a distancia.

Las lenguas que se podrán estudiar en los cursos trimestrales en modalidad presencial y online son inglés, francés, alemán y japonés, cuyo esquema de estudio será de 10 horas a la semana, es decir, dos horas de clase de lunes a viernes. En tanto, en modalidad a distancia la única lengua disponible es el inglés.

Con la aplicación del período trimestral el alumno podrá cursar cuatro niveles de estudio en un año.

La convocatoria está disponible en el link http://sev.uaemex.mx/images/CELE/convocatoria_NI_2022.pdf para todos los interesados y cerrará el próximo 5 de enero, para dar paso al examen de ubicación del 7 al 10 de enero del 2022.

“Tenemos esta nueva propuesta de cursos trimestrales, cuyo propósito es ir cubriendo los conocimientos que normalmente se cubren en un semestre, pero más rápido, para que los alumnos puedan adquirir un dominio más rápido de los idiomas, siempre con calidad”, indicó Zenith Ortiz Rodríguez, directora del CELe.

En tanto, para los períodos semestrales, las clases presenciales se reactivarán a partir del siguiente semestre y se mantendrán las modalidades online, semipresencial y a distancia.

Las lenguas inglés, francés, alemán, japonés, italiano, portugués, ruso, náhuatl, otomí y chino podrán ser cursadas en la modalidad presencial y online, con un esquema de estudio de cinco horas a la semana en un horario fijo preestablecido.

Mientras que en las modalidades a distancia y semipresencial solo se podrá cursar inglés.

La convocatoria, disponible en el mismo link, fija un calendario de registro del 13 al 21 de diciembre.

Zenith Ortiz Rodríguez sostuvo que el CELe garantiza medidas de seguridad sanitaria para quienes opten por la modalidad presencial, con una afluencia máxima de 10 a 13 estudiantes en el aula.

Para que la Legislatura local conozca las necesidades de la niñez y coadyuve a la resolución de las problemáticas que enfrentan, el diputado Abraham Saroné Campos (Morena), presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local, organizó el ‘Primer parlamento abierto infantil y juvenil 2021’, donde 45 estudiantes de nivel básico presentaron propuestas para mejorar el sector educativo, medio ambiente, protección animal, buen uso de las tecnologías de la comunicación e impulso a la cultura y el deporte.

El legislador reconoció la participación de las niñas y niños como parlamentarios, asesores y miembros del Comité Legislativo Infantil para dar voz a sus ideas y sentimientos a las demandas de la niñez ante el Pleno legislativo y los nombró como asesores de la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con quienes trabajarán las propuestas presentadas para convertirlas en iniciativas.

El legislador señaló que en el marco del 32 aniversario de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, instaurada el 20 de noviembre de 1989, con la que se reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, es fundamental sensibilizar y concientizar la necesidad de atender y abrazar las demandas de las y los menores de edad para que se logren mejores condiciones de vida.

Reconoció que existe una gran deuda con el sector educativo y dijo que se trabajará desde la Legislatura para para mejorar las instituciones, reconocer que el medio ambiente es un asunto que conlleva la participación de la ciudadanía, que se debe recuperar la humanización de la población, la necesidad de más espacios para la cultura y el deporte y que el uso de la tecnología implica responsabilidad en la vigilancia y acompañamiento de los padres.

La presidencia de la Mesa Directiva del ‘Primer parlamento abierto infantil y juvenil 2021’ quedó integrada por Abraham Saroné; la vicepresidencia, por Alexa Gómez Capetillo y Carlos Santiago Gómez Castillo; y la secretaría, por Camila García Sandoval García, Renata Sánchez Sánchez y Emir Abdiel Hernández Cruz.

Las niñas y los niños plantearon capacitación tecnológica para maestras y maestros, mejorar la infraestructura y servicios tecnológicos y educativos, equipamiento de bibliotecas, apoyos económicos y materiales, concientización en cultura ambiental, subsidios para adquirir calentadores solares, disminuir la tala de árboles, fomentar el uso de automóviles electrónicos, aumentar las reforestaciones, incrementar castigos por abandono animal, promover las esterilizaciones, implementar un padrón de animales domésticos, prohibir las peleas callejeras de perros, entre otras.

Con el fin de conocer las buenas prácticas aplicadas en otros estados del país y tomarlas como referente para su eventual implementación en lo local, personas servidoras públicas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) recibieron una capacitación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora, uno de los pocos en el país que fiscaliza la deuda pública de los entes estatales, municipales y autónomos.

Al respecto, la Auditora Superior mexiquense, Miroslava Carrillo Martínez, afirmó que en el OSFEM “hemos insistido en la importancia que tiene la capacitación permanente” y hoy hay que aprovechar que otras entidades compartan su experiencia ya que “sin duda habrá áreas de oportunidad en las que podamos mejorar nuestro trabajo”, destacó.

Afirmó que el equipo auditor mexiquense debe volverse experto en revisar ya que, con ello, se atiende uno de los principios de la actividad fiscalizadora que es la legalidad. “En la medida que todos los auditores conozcan el marco jurídico de actuación de las entidades fiscalizables, van a tener oportunidad para ser enfáticos; tenemos que acostumbrarnos a decir, no solo de manera genérica, si se viola la Ley de Disciplina Financiera, en qué artículo y en dónde”.

Esta capacitación –planeada para dos días que se llevó a cabo en instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem)- se gestó en la reciente 7ª Reunión Nacional de Titulares de las Entidades de Fiscalización Superior Locales, cuya sede fue el Estado de México la semana pasada y se concretó gracias al apoyo y colaboración del titular del ISAF, Jesús Ramón Montoya Grijalva.

La Auditora Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables, Gloria Leticia Nolasco Vázquez, expuso que hoy en día el ISAF es pionero en la fiscalización a la deuda pública y el OSFEM pretende fortalecer su fiscalización en un rubro que resulta sensible en el Estado de México por la cuantía de la deuda pública que generan los Poderes del Estado, Órganos Autónomos, Organismos Auxiliares y Municipios mexiquenses.

Destacó que la intención de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es homogenizar el Sistema Nacional de Fiscalización “y por ello debemos armonizar las buenas prácticas ejecutadas en las entidades federativas y posicionar al Estado de México como referente en la fiscalización superior”.

Las ponentes, Mercedes Leyva Leyva, directora de Deuda Pública; y Ana Cecilia Rojas Olivas, directora de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado de Sonora, abordaron temas relacionados al Marco de Referencia, Manuales y Guías de Auditorías de Gabinete a Deuda Pública e Informes Trimestrales; expusieron, por su relevancia, las etapas de auditoría, procedimientos para la revisión de información contable, presupuestaria y programática.

Otros puntos que abordaron fueron los Procedimientos de Auditoría para Revisión del Registro Público Único de la Deuda Pública y del Sistema de Alertas y los Procedimientos de Auditoría para Revisión de Informes Trimestrales y de Cuenta Pública.

Destacaron que, de 72 municipios con que cuenta el estado de Sonora, no todos son auditados ya que solo 47 tienen deuda: de éstos, 38 son sujetos a revisión; y que las revisiones se practican al 100 por ciento en sus niveles estatal y municipal.

Asimismo, se refirieron a los créditos a largo y corto plazo que las administraciones contratan y que, de acuerdo a su naturaleza, deben ser aprobadas por los Cabildos o por el Congreso estatal, así como ser conocidos los términos en los que fueron adquiridos, los montos, plazos y dónde son aplicados.

En la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Eva Pareja de Hernández y la diputada Alicia Mercado Moreno, presidentas de la Unidad de Asistencia Social (UAS) y de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, respectivamente, inauguraron en el Congreso local la feria de terapia ocupacional de la UAS, en la cual se brindaron gratuitamente los servicios médicos, de asesoría y rehabilitación a la población en general.

Al referir que en 2020 México registró seis millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad (4.9% de la población total), Eva Pareja y la diputada Alicia Mercado coincidieron en la necesidad del trabajo conjunto entre sociedad civil y gobierno para lograr un mundo más inclusivo y equitativo que garantice plenamente los derechos de las personas con discapacidad, subrayaron la importancia de la terapia ocupacional y llamaron a transmitir sus beneficios a toda la población.

La feria se realizó de manera conjunta entre la UAS y la licenciatura de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), para brindar servicios de promoción de la salud, lactancia materna, rehabilitación post covid-19, ortesis, férulas, adaptaciones y ayudas técnicas, rehabilitación física, lenguaje y aprendizaje, atención en el adulto mayor, prevención de conductas antisociales y adicción a juegos electrónicos, y rehabilitación con asistencia canina.

El evento, que también contó con un módulo de atención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para dar a conocer los derechos humanos de las personas con discapacidad, contó con la presencia de Luis David Miranda Gómez, Silvia Sepúlveda Venegas y Olga Edith Quiñones Jaimes, secretario de Administración y Finanzas, directora de Administración y Desarrollo de Personal y líder sindical del Poder Legislativo, respectivamente, así como de Arturo Martínez Cosme, coordinador de la licenciatura en Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la UAEMex.

El grupo parlamentario del PAN propuso establecer el Seguro de Desempleo como un derecho constitucional para que la persona trabajadora formal acceda a un apoyo si perdió su empleo por situaciones ajenas a sus decisiones, ofrecer incentivos fiscales por contratación de personas desempleadas en periodo de emergencia sanitaria o contingencia económica y garantizar la prestación de servicios médicos a quienes se encuentren sin empleo.

La legisladora Ingrid Schemelensky Castro y el diputado Enrique Vargas del Villar también plantearon que el Seguro de Desempleo garantice un ingreso mínimo mensual de 2.5 veces el valor de la línea de pobreza extrema por ingreso en área urbana establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que disminuiría el uso de ahorro para el retiro, previene una desestabilización del sector financiero y ayudaría a reducir el número de personas en situación de pobreza.

El seguro funcionará como un apoyo económico independiente a los programas de empleo que existen como parte del presupuesto del gobierno federal, se implementará un padrón de beneficiarios y se considerará en el Presupuesto de Egresos la asignación suficiente de recursos que serán fiscalizados por la Legislatura.

También propone fortalecer la reinserción laboral a través de un programa alterno específico para las personas beneficiadas con el seguro; condonar la retención del Impuesto sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y el cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, si el modelo del vehículo es de seis a 10 años de antigüedad en favor de quienes fueron contratados durante emergencia sanitaria o contingencia económica, además de que quienes contraten a éstas personas podrán obtener hasta 15% de descuento en el pago del Impuesto predial y del Impuesto sobre conjuntos urbanos.

La contingencia laboral se derivará de una situación de crisis económica que ocasione la caída en el número de empleos o cuando las autoridades competentes decreten emergencias sanitarias, contingencias económicas o sus respectivos periodos de recuperación.  

            La propuesta, que analizarán las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, incluye reformas a la Constitución Política, al Código Financiero, a la Ley del Seguro de Desempleo; a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, y a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, todas de carácter estatal.

En nombre del grupo legislativo de Morena, la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer propuso reformas a Constitución Política estatal y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad para que los acuerdos de la Legislatura con carácter de exhortos a los poderes públicos del Estado, sus dependencias, organismos descentralizados, autónomos o a los ayuntamientos sean vinculantes.

Además, se busca que las y los servidores públicos o dependencias estén obligados, a informar del estado en que se encuentra el asunto, o admitirlo, informando de las acciones que se implementarán para su atención, indicó la diputada Angélica Álvarez.

En sesión deliberante, la diputada explicó que un exhorto emitido por la Legislatura representa una solicitud del Poder Legislativo que respalda la petición de un particular o de un grupo de particulares para que la dependencia, organismo o autoridad correspondiente atienda algún asunto de su competencia en beneficio de los particulares o de un interés social o público aplicable.

Explicó que esta iniciativa busca hacer efectivo el derecho humano de petición establecido en la Carta Magna, pues la LX Legislatura expidió 481 puntos de acuerdo y la LXI legislatura ha emitido otros más, muchos de ellos con la calidad de exhortos, de los cuales no se tienen noticias ciertas de su respuesta.

Por ello, se busca que los acuerdos de la Legislatura con carácter de exhortos tengan la naturaleza de vinculantes y no queden como actos estadísticos del trabajo parlamentario o como llamados a misa. La propuesta fue remitida a dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Al continuar el análisis del proyecto de Paquete Fiscal 2022 del Estado de México por las comisiones de Finanzas Públicas y de Planeación y Gasto Público, diputadas y diputados locales de Morena expresaron su preocupación por la creación de nuevos impuestos estatales, pidieron incrementar la eficiencia tributaria estatal, y preguntaron sobre el uso y destino del crédito por más de 8 mil 300 millones de pesos (mdp) autorizado por la Legislatura mexiquense para este 2021 y sobre el crédito por 9 mil 500 mdp que se pide para el próximo año.

Mientras que el grupo legislativo del PRI propuso impulsar una mayor y mejor recaudación de los municipios, además de reconocer las medidas que incluye el Paquete Fiscal respecto a la condonación de impuestos sobre nómina y el incremento de recursos al sector salud por la pandemia de covid-19, los grupos legislativos del PVEM y PT señalaron que la contratación de deuda por parte de los municipios atará las manos de las autoridades municipales durante 10 administraciones.

En reunión presidida por el diputado Francisco Javier Santos Arreola (PAN), el diputado Max Correa Hernández y las legisladoras Mónica Álvarez Nemer y María del Carmen de la Rosa Mendoza solicitaron mayor información sobre los cuatro nuevos impuestos que buscan crear y que aplicaría a personas físicas con actividad empresarial y profesional, que podría tener efectos inflacionarios sobre todo después de dos años de afectaciones por la pandemia a la clase trabajadora y empresarial, y por posible fuga de contribuyentes.

También de Morena, el diputado Faustino de la Cruz Pérez pidió detalles sobre los excedentes y ahorros logrados durante este año para sumarlos a la propuesta de ingresos y egresos del próximo año, mientras que el diputado Daniel Andrés Sibaja González pidió incluir en el análisis la propuesta presentada por él y por el legislador Maurilio Hernández González para que se otorguen subsidios a personas afectadas por un servicio discontinuo de agua, además de que propuso eficientar la recaudación y que se brinde información oportuna a la Legislatura sobre el destino de los recursos públicos.

La diputada Karina Labastida Sotelo pidió un corte de caja sobre el uso y destino del financiamiento autorizado para este año por más de 8 mil 300 mdp, de los cuales 2 mil 637 serían utilizados para obras federales y seis mil millones de pesos se destinarían a otros proyectos, entre estos, la conclusión de ocho hospitales que han permanecido como elefantes blancos, además de pedir mayor información sobre la solicitud de deuda solicitada para 2022 por 9 mil 500 mdp.

Del PRI, el diputado Braulio Álvarez Jasso propuso que se apliquen medidas para que los municipios eficienten su recaudación y destinen 45% y no 50% al capítulo mil de servicios personales, ante la disminución de ingresos y los efectos de la pandemia, reconoció las evaluaciones que dan al Estado de México calificadoras internacionales, así como el incremento al sector salud, educación e igualdad entre mujeres y hombres.

La diputada Trinidad Franco Arpero (PT) dijo que el gobierno estatal tiene la oportunidad de brindar un servicio de salud eficiente, pidió recuperar los tratamientos para personas que padecen una enfermedad terminal que dejaron de otorgarse por la pandemia y acciones inmediatas para concluir los ocho hospitales que se encuentran en obra gris, especialmente la reanudación del Hospital Caracoles en Tlalnepantla.

Por su parte, el diputado Román Francisco Cortés Lugo (PAN) señaló que faltan recursos en todos los ramos y debido a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que la entidad perdió un millón 100 mil habitantes se dejarán de recibir 4 mil 300 mdp, mientras que el diputado Francisco Javier Santos propuso medidas para eficientar la recaudación en impuesto predial y agua potable y preguntó también sobre la adecuación del Hospital General Valle de Ceylán, además de proponer la posibilidad de establecer propuestos multianuales.

La diputada María Elida Castelán Cruz (PRD) dijo que en el tema de los impuestos todos se resisten a este tema, pero se requieren mejores servicios, además de preguntar si el incremento a salud atendería el desabasto de medicamentos.

Como parte del análisis de la iniciativa de la Ley de Ingresos de los Municipios, el diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) propuso que el uso de vías y áreas públicas también reciban subsidios para incrementar la recaudación, mientras que la diputada María del Carmen de la Rosa preguntó sobre los subsidios para la regularización de tenencia de la tierra, acciones de vivienda digna y pago de predial en el caso de desastres naturales.

Respecto al Presupuesto de Egresos, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del PVEM, preguntó sobre la auditoría a programas sociales, por qué se reducen 15% los recursos a la Secretaría de la Mujer y por qué no se precisan los recursos destinados a la alerta de género, mientras que el diputado Francisco Javier Santos señaló una reducción de 50 mdp al Tribunal de Justicia Administrativa y la diputada María del Carmen de la Rosa preguntó sobre el destino de recursos destinados a gasto corriente, así como lo resultados en el combate a la corrupción.

El diputado Rigoberto Vargas Cervantes, coordinador de Nueva Alianza, se enfocó a los recursos destinados a combatir la desnutrición infantil, la lactancia materna, para la salud y nutrición familiar, educación inicial y básica, así como para el pago de nómina del personal docente, aspecto sobre el que también preguntó la diputada Trinidad Franco.

También expusieron sus dudas y cuestionamientos el diputado Isaac Martín Montoya Márquez (Morena) y Viridiana Fuentes Cruz (PRD) por la disminución de recursos a la juventud, y Mónica Álvarez Nemer consideró inadmisible disminuir 50 mdp a los recursos para la Alerta de Género cuando la entidad ocupa el primer lugar en feminicidios y desapariciones de mujeres en el país.

Respecto a las solicitudes para que los 125 municipios contraten financiamientos y tengan como fuente de pago aportaciones federales y estatales, la diputada María del Carmen de la Rosa señaló que aún no cuentan con toda la información que permita aclarar esta información.

Además, la diputada María Luisa Mendoza cuestionó la disposición de las autoridades municipales para cumplir con el pago de las deudas y que de aprobarse se les atará las manos a 10 administraciones municipales, en lo que coincidió la diputada Trinidad Franco y propuso que el gobierno estatal establezca criterios de evaluación y seguimiento a estos financiamientos, mientras que el diputado Braulio Álvarez dijo que estos recursos permitirán a muchos municipios refinanciar créditos en mejores condiciones y que la Legislatura los respalda sobre todo al inicio de las nuevas administraciones.

Durante las comisiones, que siguen en reunión permanente, por parte de la Secretaría de Finanzas, los subsecretarios José Arturo Lozano Enríquez, Roberto Inda González, y Raúl Israel Coreno Rubio, dieron respuesta a las preguntas de los legisladores y explicaron que los cuatro nuevos impuestos son aplicables a honorarios y actividades empresariales, a casas de empeño y otro de tipo ecológico, por emisión de gases a la atmósfera, e informaron que el proyecto del Tren Chalco-Santa Martha registró un incremento de 30% y pasó de 2 mil 637 mdp 3 mil 388 mdp, diferencia de casi 800 mdp que no se tenía considerada.

La legisladora Viridiana Fuentes Cruz propuso, en nombre del grupo parlamentario del PRD, que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) promueva la creación y consolidación de programas de identificación, reconocimiento y apoyo de niñas, niños y personas jóvenes con vocación en tareas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

En presencia de la astrónoma Karen Alondra Guerrero Borboa, la diputada explicó que su propuesta para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología de la entidad busca nombrar a las niñas niños y personas jóvenes en el marco jurídico como un acto vindicatorio de derechos y para promover su inclusión activa y efectiva en las actividades de investigación científica y desarrollo e innovación tecnológico.

Con esto, indicó, se ayudará a promover la alfabetización científica desde edades tempranas y a convertir al estado en un verdadero semillero de recursos humanos para la ciencia y la tecnología, con lo que se posicionará como punta de lanza en la materia. La propuesta fue remitida para su dictamen a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

En nombre del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, el diputado Luis Narcizo Fierro Cima propuso solicitar al gobierno estatal y a los 125 municipios que impulsen una campaña permanente de educación en materia de movilidad con la finalidad de generar una cultura vial que fomente el uso del casco y protección para usuarios de bicicletas y motocicletas.

El punto de acuerdo será analizado por las comisiones de Legislación y Administración Municipal, de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública y Tránsito.

En nombre del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, las diputadas Paola Jiménez Hernández y Alejandra del Moral Vela plantearon dar rango constitucional al derecho humano de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de que en la elaboración y ejecución de las políticas públicas estatales se observen los principios de igualdad jurídica, respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la libertad y el desarrollo integral de mujeres y niñas que habiten y transiten en la entidad.

La diputada Paola Jiménez expuso que las y los legisladores están obligados a sentar las bases para asegurar que las niñas, adolescentes y mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia y que erradicarla debe ser el centro de la agenda política, temática, legislativa y de gobierno, por lo que llamó a los tres poderes y a los distintos niveles de gobierno a que su responsabilidad se impregne de conciencia social porque las mexiquenses tienen el derecho de ser representadas con dignidad y empatía. 

La legisladora indicó que esta propuesta, que analizará la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, colocará a la entidad a la vanguardia en la armonización legislativa al más alto estándar de los derechos humanos.

Con el propósito de agilizar el trabajo legislativo, reducir costos operativos, mejorar el desahogo de la agenda legislativa y la respuesta a la ciudadanía, que exige resultados de sus representantes populares, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó, por unanimidad, reformas para incrementar los días de trabajo legislativo y ajustar sus periodos ordinarios de sesiones con lo señalado en la Carta Magna.

Las reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de México, establecen que la Legislatura mexiquense se reunirá en sesiones ordinarias dos veces al año, el primer periodo iniciará el 5 de septiembre y concluirá a más tardar el 18 de diciembre; el segundo iniciará el 1 de febrero y no podrá prolongarse más allá del 15 de mayo.

Además, en cualquier momento, la Legislatura podrá convocar a periodos extraordinarios para atender con la debida inmediatez, los asuntos de interés general y de urgente resolución.

El diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), presidente de la comisión, recordó que la iniciativa fue presentada por la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas, en nombre del grupo parlamentario del PAN, y que derivado del diálogo, propuestas y acuerdos en la Junta de Coordinación Política, fue elaborado el dictamen que conjunta dos proyectos de decreto referentes a la reforma constitucional y legal.

El diputado Faustino de la Cruz Pérez (Morena), secretario de la comisión, detalló que esta modificación aplicará para el primer año de gestión de la actual Legislatura, por lo que este año legislativo concluirá a más tardar el próximo 15 de mayo.

Al exponer el dictamen, señaló que la adecuación de la temporalidad de los periodos ordinarios favorece el mejor cumplimiento de las obligaciones de la Legislatura en consonancia con los periodos ordinarios del Congreso de la Unión, mientras que las comisiones y los comités contarán con tiempo necesario para el desarrollo de sus tareas y podrán abocarse con la debida profundidad al estudio de las iniciativas, puntos de acuerdos y asuntos que se les encomienden, además, permitirá dar continuidad a la agenda legislativa y política al tiempo de mejorar la respuesta a la ciudadanía.

A propuesta del diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) se determinó que, una vez que esta modificación sea aprobada por la Legislatura y por los ayuntamientos mexiquenses y entre en vigor, la Legislatura contará con un plazo de 30 días para realizar las actuaciones administrativas y reglamentarias para darle cumplimiento.

Para dar mayor certeza a la compra-venta de vehículos seminuevos entre particulares, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del PVEM en el Congreso local, propuso implementar el Dictamen de Legal Procedencia para acreditar el origen lícito de vehículos automotores seminuevos, que se considerará como una precaución indispensable para probar su debida transmisión de propiedad y posesión.

La propuesta detalla que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitirá gratuitamente el dictamen, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, con base en información de las autoridades judiciales y administrativas; además, este documento deberá ser tramitado por la persona que desee vender un vehículo, ya que, de no entregarlo al comprador, se hará acreedora a una sanción equivalente a 10% del valor factura del vehículo, que deberá cubrirse en un plazo no mayor a 30 días.

También propone que las y los contribuyentes que, al momento de realizar su pago del Impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados, obtenga un subsidio de 5% si presentan dicho dictamen.

La entidad mexiquense, refirió la legisladora, se encuentra entre las seis a nivel nacional con mayor incidencia de robo de automóviles asegurados, destacando los casos en Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli.

La iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, los códigos Penal y Administrativo, y el Código Financiero, todos de carácter estatal, se analizará por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas.

Al encabezar el conservatorio ‘Mujeres migrantes, una travesía: retos y oportunidades’, la diputada morenista Lourdes Jezabel Delgado Flores, presidenta de la Comisión de Atención y Apoyo al Migrante, dijo que analizará e impulsará la propuesta de que una persona migrante pueda ser diputada o diputado local, como recientemente se aprobó en la Ciudad de México, así como que los ayuntamientos con mayor población migrante cuenten con una oficina para su atención.

Ante representantes de la sociedad civil, autoridades municipales, académicos y migrantes que participaron en el conversatorio, la legisladora también anunció que trabajarán en un centro de acopio para apoyar a las personas migrantes y que gestionarán asesorías legales con el Instituto Nacional de Migración para que los hombres migrantes cumplan con sus obligaciones alimentarias en el país.

En el conversatorio desarrollado en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la diputada subrayó la necesidad de legislar con una perspectiva de género para hacer realidad la protección y defensa de las personas migrantes y en particular de las mujeres migrantes; además, recordó que exhortó a las autoridades estatales y municipales a tratar con respeto a las y los connacionales que regresan al estado para pasar los festejos decembrinos con sus familias.

En su participación, Iván Moisés Gatica López, regidor electo de Tlalnepantla, señaló que el mayor reto es brindar seguridad a las migrantes y llevar censos con un control de entradas y salidas; Juan Gabino González Becerril, investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Población, indicó que hay que centrarse a las causas de la migración para generar políticas transnacionales articulada entre países e instituciones; Nallely Cruz Arellano, delegada de Naucalpan del Proyecto México Migrante, subrayó que es necesario trabajar en la atención médica y psicológica de las personas migrantes.

Por su parte, Rubén González Molina, subdirector de Prevención del Delito de Tlalnepantla, dijo que debe ser una obligación de las personas servidoras públicas promover los derechos fundamentales de las personas migrantes a la seguridad, la dignidad y la paz; además de que Erica Popoca, migrante y parte de asociación Proyecto México Migrante expuso un testimonio sobre la problemática que enfrenta.

En nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso mexiquense, la diputada Juana Bonilla Jaime propuso incluir el término de violencia digital en la legislación estatal a fin de dar mayor certeza a las víctimas de violencia digital y brindar un acompañamiento por parte de las autoridades a las mujeres, niñas y jóvenes que hayan sido agraviadas.

En sesión deliberante, la legisladora señaló que la violencia digital en contra de las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital, genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas y limita el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos humanos. 

Dijo que el incremento del uso de internet, telefonía celular, equipos de cómputo y acceso a redes sociales también ha propiciado una problemática que necesita ser atendida por los actores competentes, por lo cual se busca incluir un capítulo dedicado a la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

También propone que la o el Ministerio Público, la jueza o el juez, ordenen de manera inmediata las medidas de protección necesarias para las víctimas y ordenen a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación, previa satisfacción de los requisitos de ley.

Asimismo, establece un procedimiento para que las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas den aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.

La propuesta, a la que se adhirió el grupo legislativo del PAN a través de la diputada Miriam Escalona Piña, fue remitida a dictamen de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.

El grupo parlamentario del Verde Ecologista en el Congreso mexiquense, integrado por las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, propuso reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México a fin de que el Gobierno del Estado de México esté obligado a instaurar, en cada uno de los 125 municipios, un refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.

La legisladora Claudia Desiree Morales dijo que los altos índices de violencia contra las mujeres en la entidad exigen fortalecer el marco jurídico y recordó que el Estado de México es la entidad que más violencia de género registra en todo el país. En los primeros nueve meses del año, puntualizó, 256 mujeres fueron asesinadas, y de estos solo 110 casos fueron tipificados como feminicidio.

Indicó que esta iniciativa tiene, además, los objetivos de fortalecer la atención brindada a las mujeres violentadas, incluir las garantías de no repetición a favor de las víctimas, brindar mayores elementos de denuncia para aquellas mujeres que sufran violencia institucional y otorgar al Poder Legislativo la facultad de solicitar la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Sobre los refugios, explicó que deberán generarse, en el Presupuesto de Egresos de cada año, los recursos necesarios para su funcionamiento y operación, de manera que las mujeres mexiquenses en esta situación encuentren un lugar seguro y una esperanza de una vida sin miedo.

La iniciativa que busca reformar y adicionar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, fue turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, para su dictamen.

Con la finalidad de garantizar la seguridad social de quienes se desempeñaron en el servicio público, el diputado Gerardo Lamas Pombo, en nombre del grupo parlamentario del PAN, propuso reducir la cuota obligatoria del 6.0% al 4.625% del monto de su pensión y que deben enterar las y los pensionados y pensionistas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios del (ISSEMyM).

En sesión deliberante, el legislador explicó que su iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios busca consagrar las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto la tranquilidad y bienestar personal de las y los servidores públicos, como lo es la jubilación, protección en su caso de invalidez, vejez y muerte.

Puntualizó que actualmente la Ley del Issemym viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, al establecer que la cuota que deben enterar los pensionados y pensionistas para cubrir las prestaciones de servicios de salud es del 6 % del monto de la pensión, a diferencia del 4.625% del sueldo sujeto a cotización que deben enterar los trabajadores en activo.

Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios es inconstitucional en razón de que dicha cuota no atiende a su condición económica, ya que fija una tasa superior a la establecida para los trabajadores en activo, sin considerar que los pensionados y pensionistas obtienen menores ingresos que aquéllos, debido a que los ingresos que reciben se determinan en función del sueldo sujeto a cotización, que no incluye todas las prestaciones que recibe un trabajador en activo, aunado a que la pensión no siempre corresponde al total de dicho sueldo sujeto a cotización.

En nombre del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza propuso que los entes públicos remitan sus anteproyectos de presupuestos a la Legislatura para profundizar su análisis en comisiones, establecer techos presupuestales e implementar 125 bancos de proyectos de obras en el que participen el gobierno estatal, los municipios, el Poder Legislativo y la sociedad civil para tener un presupuesto participativo bajo el modelo del gobierno abierto.

La propuesta establece que los anteproyectos de presupuesto de egresos de las dependencias, entidades públicas, organismos autónomos, poderes Legislativo y Judicial y unidades administrativas estatales y municipales se den a conocer a la Legislatura en junio para que las comisiones respectivas cuenten con tiempo suficiente para su revisión, a fin de que las deliberaciones durante la aprobación del presupuesto no conduzcan a retrasos en el cumplimiento de los plazos legales establecidos.

La iniciativa para reformar el Código Financiero del Estado de México y Municipios detalla que la Secretaría de Finanzas informará a la Legislatura sobre los ajustes y causas para la fórmula de distribución de participaciones para los municipios dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; y que los anteproyectos de presupuesto deben integrarse tomando en consideración la participación de solicitudes o propuestas y organismos ciudadanos y en ellos se deben destinar recursos para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción.

Además, trimestralmente la Secretaría de Finanzas deberá informar a la Legislatura sobre los traspasos presupuestarios externos que realice entre programas, capítulos de gasto o fuentes de financiamiento y el cumplimiento del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos sometidos a votación del Pleno de la Legislatura, asimismo, la Secretaría y la Legislatura integrarán conjuntamente un sistema de control trimestral del avance presupuestal de egresos de los entes públicos. La propuesta fue remitida para su dictamen en las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas.