El Congreso mexiquense recibió la iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad para imponer hasta 5 años y medio de prisión por el delito de usurpación o robo de identidad, además de agravar hasta en una mitad las penas por fraude cuando una persona, por sí misma o a través de otra, utilice información, imágenes, o documentos de otra persona obtenidos mediante la manipulación de medios electrónicos o la intercepción de datos.
Lo anterior, explica la iniciativa remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, se fundamenta en que la proliferación de perfiles falsos en medios digitales de personas y de instituciones públicas facilitan la comisión de diversos delitos, además de que la pandemia ha modificado las formas de convivencia y ahora se hace en gran medida a través de dichos medios, por lo que se busca proteger a las y los usuarios y consumidores.
Durante la sesión de este jueves, la Asamblea plenaria recibió también la propuesta de reforma a la Ley de Educación de la entidad para establecer que las niñas y niños de las comunidades culturales indígenas tengan derecho pleno a la protección, la supervivencia y el desarrollo compatibles con sus costumbres y tradiciones, así como para que la autoridad educativa estatal acredite programas educativos indígenas, informales pero funcionales, conducidos por organizaciones no gubernamentales en sus comunidades.
La propuesta remitida a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología indica que la discriminación étnica y cultural a la que adolescentes, niñas y niños indígenas se enfrentan es un obstáculo para conseguir la igualdad de acceso a la educación, causando un bajo rendimiento escolar y deserción, además, cuando escolares indígenas se ven expuestos solamente a la ideología nacional están en peligro de perder parte de su identidad.
Las y los legisladores también recibieron la iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, para incluir el estatus de vulnerabilidad a causa de pandemia o crisis de salud, y así garantizar el diseño, establecimiento y ejecución de programas, acciones y servicios de asistencia social para atender a la población en riesgo durante epidemias, pandemias y emergencias sanitarias.
También busca que los sistemas DIF locales, en coordinación con el DIF estatal, implementen acciones para que los grupos vulnerables no enfrenten situaciones de riesgo, discriminación o carencias, durante las epidemias, pandemias y emergencias sanitarias.
El Pleno legislativo también recibió la iniciativa del Ejecutivo estatal en la que se solicita autorización para que el ayuntamiento de San José del Rincón desincorpore y subaste los inmuebles ubicados en Calle sin nombre, Cabecera Municipal de San José del Rincón, y en el Paraje la Avena del Ejido de Santa Cruz del Rincón, Municipio de San José del Rincón, distrito de Ixtlahuaca.
Los recursos que se obtengan de la enajenación de ambos inmuebles serán destinados al cumplimiento de la obligación de pago derivado de las sentencias 672/2014 y 673/2014 promovidas por la empresa UIsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario S.A. de C.V.
Estas iniciativas fueron remitidas para su dictamen a las comisiones de Patrimonio Estatal y Municipal y Desarrollo y Apoyo Social, respectivamente.
