Al reconocer el deber de los diputados de la Cuarta Transformación de velar porque la ley sea más rigurosa ante hechos de corrupción, el diputado Margarito González Morales planteó, en nombre del grupo parlamentario de Morena, agravar las sanciones e imponer 20 años de prisión por el uso ilegal de facultades y atribuciones y el enriquecimiento ilícito de los y las servidoras públicas, delitos que actualmente se castigan hasta con 12 y 14 años respectivamente.
En sesión deliberante presidida por diputada Karina Labastida Sotelo, Margarito González expuso que la corrupción le cuesta al país 10% del Producto Interno Bruto, “recursos que se pierden, se malgastan y no llegan finalmente a las áreas de interés público y para la estimulación de la inversión pública”.
El legislador dijo que las sanciones por corrupción que consigna el Código Penal del Estado de México son muy laxas y que desde 2017, cuando entró en vigor el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, “no se han instaurado procedimientos penales en contra de aquellos servidores públicos que ostentan una riqueza injustificada, o a los que se les ha señalado por cometer delitos por hechos de corrupción, desafortunadamente el Sistema ha mostrado poca efectividad”.
Por ello, propone reformar el capítulo sexto del Código Penal que agrupa y enlista los delitos por hechos de corrupción, para elevar las sanciones tanto de multa como de cárcel por ilícitos como el incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas; coalición para delinquir; abuso de autoridad, intimidación, tráfico de influencia, cohecho, peculado, delitos de los servidores de la procuración y administración de justicia, así como los citados uso ilícito de atribuciones y facultades y enriquecimiento ilícito.
De la iniciativa del legislador morenista destaca también que, cuando sea posible el decomiso de bienes producto del enriquecimiento ilícito, aplicará la figura de la extinción de dominio, y a cualquier persona que subcontrate el servicio o la obra a la que se comprometió a realizar o entregar, asegurando que tenía la capacidad de hacerlo, se le impondrán de tres años a doce años de prisión, y de mil a tres mil días multa.
La iniciativa se remitió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen.
